(Aspe, 1884-1941)

Antonio Pavía Muñoz nació en Aspe el 29 de febrero de 1884. Con 12 años, ingresó en el Instituto Provincial de 2.ª Enseñanza de Alicante, donde obtuvo el Grado de Bachiller. En 1902, viajaba a Madrid para matricularse en la Facultad de Medicina, donde obtendría el título de Doctor.

Regresó a Aspe en 1910 y, en su nueva casa, recibía a sus pacientes, sobre todo a los que disponían de pocos recursos económicos. En 1911, estableció una pequeña clínica donde pasaba consulta de diez a una de la mañana, dedicando el horario de tres a cinco de la tarde para atender a pobres gratuitamente. En febrero de 1916 se le nombró médico municipal y, en su nueva labor, se destacó en el favor hacia los necesitados, ganándose el título de «El Médico de los Pobres».

En 1926, comienza su actividad política en Acción Republicana. Su labor en la lucha por el advenimiento de la República hizo que, tras la inauguración de la «Casa de la Democracia» en Aspe, se decidiese «agradecer con un acto de simpatía a don Antonio Pavía, prestigiosa figura del republicanismo que con su actividad ha conseguido el resurgimiento del partido en dicha localidad».

Tras la proclamación de la II República en España se le nombró Presidente de AR. Evidentemente, en aquellos años era una figura destacada en el municipio y la relación con el Gobierno Municipal era excelente: se le nombró Director del Hospital-Asilo y, en enero de 1935, se solicitaba hacerle un homenaje oficial.

En febrero de 1936, era Presidente de Izquierda Republicana y, tras el desencadenamiento de la Guerra civil, en septiembre se incautó la casa del Marqués de Rebalso, donde se organizó una cocina para pobres con ayuda del Ayuntamiento. A finales de 1937, Antonio Pavía Muñoz fue sustituido en la presidencia de IR y, durante el resto de la contienda, compaginó las tareas de Inspector Municipal de Sanidad, Presidente de la Cruz Roja local y Director del Hospital-Asilo, donde se prestaba asistencia gratuita a los pobres de la localidad.

La guerra finalizó en Aspe el veintinueve de marzo de 1939. El 10 de abril, Antonio Pavía fue operado de una úlcera. Convaleciente, nada debía temer por su actuación durante la contienda. Pero el final de la guerra no trajo la paz, ahogada en la represión. Se puso en marcha una maquinaria judicial en un intento por dotar de legitimidad a la represión y a la aniquilación física del adversario político. Las denuncias y delaciones fueron un instrumento dirigido a todos y cada uno de los dirigentes políticos y sindicales. Muchas personas colaboraron por venganza, por miedo o para ganarse las simpatías del nuevo régimen.

El diecisiete de abril de 1939, siete días después de ser operado, fue detenido por miembros de la Falange de Aspe al ser denunciado por un vecino de Elche, cuyo hijo había sido asesinado en Torrellano. Inmediatamente, fue conducido a la Prisión de Elche, situada en los calabozos del Palacio de Altamira.

El Juez instructor solicitó informes a la Falange, el Ayuntamiento y el puesto de la Guardia Civil. Los tres informes son similares y en ellos se le acusaba de cacique azañista; instigador en la destitución de los empleados desafectos del Ayuntamiento; fundador de Izquierda Republicana; miembro del Frente Popular Antifascista de Aspe y del Comité de Detenciones. En sus declaraciones indagatorias, manifiestó su pertenencia a IR y la incautación de la Casa del Marqués del Rebaso mientras era Presidente, pero niega el haber pertenecido al Frente Popular ni al Comité de Detenciones, ni tiene noticias de que haya existido tal Comité.

Preso, dirige varios escritos al Juez Militar. Con fecha cuatro de agosto de 1939, escribe: «Que estando detenido desde el día 18 de abril ppdo, y suponiendo que mi detención obedece a algún error, adjunto envío a V.E. un documento suscrito por el fue (sic) Presidente del Frente Popular de la expresada villa de Aspe.- Caso de no ser suficiente el adjunto documento le suplico se informe sobre su contenido en la citada villa de Aspe.-».

En efecto, Antonio Cremades Erades, Presidente del Frente Popular desde 1937 hasta el final de la guerra, detenido en el Campo de Concentración de Monóvar, le remite un escrito donde expresaba lo siguiente: «… dicen que yo tengo dicho que Vd. formó parte de una Junta de detenciones y que por eso se halla usted en la cárcel. Como usted comprenderá la cosa es bastante fantástica ¿Cómo voy a decir semejante cosa cuando los que componían el Frente Popular podrían desmentir a todas horas, ya que tal junta no existió nunca?». Junto a este escrito, comenzaron a enviarle otros muchos remitidos por personas que, en el nuevo régimen implantado, mantenían una posición de importancia. Así, la Madre Superiora Carmelita Victoria Gilabert se refería sobre «su proceder tanto acerca de nosotras como de los enfermos de beneficencia ha sido inmejorable. Además, también es digno de elogio y gracias a su buen criterio y corazón se pudieron guardar y salvar las imágenes así como también todos los objetos pertenecientes a esta capilla». De forma similar se expresaba el que fuera Párroco de la villa, Filiberto Aguirre y también el Cura encargado de la iglesia Luis Díez, que destacó los intentos del detenido de impedir a las masas la destrucción de la iglesia. El veinticuatro de noviembre de 1939, Antonio Pavía vuelve a enviar escrito al Juez Militar:

«… las causas que motivaron esta privación de libertad, no solo las ignora el recurrente, si no que confirman su creencia, no pueden revestir caracteres graves calificados como delito, dado el tiempo transcurrido sin haberse tomado resolución judicial alguna contra el exponente; y a mayor abundamiento a su favor, que le separan del ámbito del que pudo delinquir…». También expresa su delicado estado de salud y adjuntaba un Certificado Médico Oficial donde se reconocía que el paciente sufría de «una intensa anemia secundaria debida a profundas hemorragias gástricas por úlcera de estómago de la que recientemente ha sido operado; a más de padecer una bronquitis crónica de tipo asmático, por lo que se encuentra su salud muy quebrantada…».

En enero de 1941, vuelve a remitir un escrito alegando similares circunstancias. Un mes más tarde, el Fiscal Jurídico Militar de Elche dice:

«Antonio Pavía Muñoz, de 55 años, casado, médico, natural y vecino de Aspe. De antecedentes izquierdistas y dirigente revolucionario de Aspe a raíz de la proclamación de la República. Durante esta afiliado a Izquierda Republicana e iniciado el G.M.N. se le acusa de haber formado parte del Comité de detenciones del Frente Popular local extremo que no se halla plenamente probado si bien por su amistad y ascendiente con los dirigentes rojos debió tener conocimiento de los acuerdos tomados para practicar las detenciones de personas de orden».

Estas eran las acusaciones a la que se enfrentaba y por las que se encontraba en prisión y, así, el Fiscal Jefe le atribuyó la calificación penal de Auxilio a la Rebelión Militar, párrafo 1º, artículo 240 del Código de Justicia Militar. Una vez conocida la condena se enviaron numerosos escritos dirigidos al juez militar. Gregorio Cano, secretario del juzgado expresaba que Antonio Pavía Muñoz no formó parte del Frente Popular ni del Comité de Detenciones, ya que éste no existió nunca. Además, era contrario a las detenciones y sus gestiones consistieron en garantizar la seguridad a muchas personas de derechas. En cuanto a la detención de personas expresa que «no tuvo la menor intervención –digan lo que quiera quien diga lo contrario–. Que a juicio del exponente, teniendo en cuenta la información practicada y la actuación vista del Sr. Pavía que fue honrradísima (sic) y noble por sus inmejorables sentimientos, se saca la consecuencia que la denuncia formulada en su contra obedece a cuestiones políticas, apasionadas». El Juez Municipal, Vicente Prieto, añadía, además, que ciertos sectores radicales lo tenían «fichado» por haber atendido a los señores Calpena y haber salvado la vida a uno de ellos.

Tras la petición de prisión atenuada, en febrero de 1941, informada favorablemente por el Auditor Militar, el Juez solicita nuevos informes médicos. El forense de la prisión certifica el pésimo estado de salud del encausado y se ordena su traslado al Hospital Provincial. El traslado no se llegó a efectuar. Otorgada la prisión atenuada, se le llevó a su domicilio donde falleció el 25 de marzo de 1941, a causa de una gastroenteritis aguda con caquexia, a los 57 años de edad.

Pero el procedimiento aún no había acabado; 6 meses más tarde, el Fiscal Jurídico Militar le imputa un delito de auxilio a la rebelión militar y se le condena a una pena de 12 años y un día de reclusión menor, exigiéndole las responsabilidades civiles si alguna se derivase. Así, el 10 de febrero se le cita para su comparecencia en el procedimiento de depuración de funcionarios que se le venía instruyendo. La represión aún no había acabado. Tras fallecer perdió sus derechos como funcionario público y su familia tuvo que responder con sus bienes tras aplicarle la Ley de Responsabilidades Políticas. Durante su entierro, el pueblo de Aspe se volcó en su despedida. La procesión con su féretro ocupó los 3 kms que hay entre el Cementerio y la Iglesia. Aspe despidió a su médico, al médico de los pobres.

José Ramón García Gandía