Miguel Villalta Gisbert

VILLALTA GISBERT, Miguel (Monóvar [Alicante] 1903-Alicante 1942). El 16 de marzo de 1942 Miguel Villalta escribía a su hermano Paco, refugiado en Orán (Argelia), y refiriéndose al proceso judicial que se seguía contra él, le decía:

“No sientas inquietud por mí. Afortunadamente el tiempo ha ido disipando muchas nubes… Para tu tranquilidad te digo que cuanto bien hice ha sido reconocido y muy especialmente cuanto hice en Madrid… Yo tengo el convencimiento de que el día que se celebre la vista solamente podrán acusarme de haber sido diputado (sin que haya asistido a las sesiones de Cortes después del 18 de julio), Gobernador Civil de Madrid (sin tener el orden público) y haber estado en el verano de 1936 en la secretaría civil de la Jefatura de Aviación del Ministerio de la Guerra. Mi delito imputado ya no es de rebelión militar, sino de adhesión a la rebelión militar. Ya te tendré al corriente de todo”.

Miguel Villalta había nacido en Monóvar (Alicante) en agosto de 1903, era juez de instrucción y ejerció como abogado. Militante del partido socialista, fue diputado a Cortes por la provincia de Alicante en la legislatura de 1936 a 1939, en la coalición del Frente Popular, y entre enero y mayo de 1937, durante el gobierno de Largo Caballero, desempeñó el cargo de Gobernador Civil de Madrid. Al final de la guerra civil no embarcó en el Stanbrook, en el que iban varios miembros de su familia, para colaborar mientras fuera posible en las tareas de evacuación de los republicanos más comprometidos y que, por lo tanto, corrían más riesgos en el caso de ser alcanzados por las fuerzas franquistas de ocupación. Sin embargo, cuando intentó subir al Maritime, último barco que zarpó del puerto de Alicante en la madrugada del 29 de marzo de 1939 con republicanos españoles a bordo, él como otros socialistas, cenetistas y republicanos no fueron admitidos; con lo que comenzó una odisea que lo llevó a buscar refugio cerca de su familia en San Vicente del Raspeig y en Monóvar. En este pueblo estuvo oculto desde mediados de abril de 1939 hasta el 25 de octubre de 1941, en que fue descubierto y detenido. Allí contaba con la protección de su familia, y especialmente con la de su tía carnal D.ª María Gisbert, en cuya casa permaneció todo el tiempo, pero a la vez se hallaba muy cerca de los enemigos que lo buscaban con el mayor ahínco. Durante aquellos largos meses se diseñó el proceso de acusación que habría de aplicarse en el caso de ser detenido para conseguir aniquilarlo.

El resultado de esto fue que sus enemigos proyectaron sobre Miguel Villalta tal conjunto de maldades que por sí mismas lo convertían en un sujeto totalmente abyecto en lo personal, lo profesional y lo político. Un buen ejemplo de ello se encuentra en el diario Información de Alicante del 28 de octubre de 1941 que al dar la noticia de la detención, extractando lo escrito por el comandante del puesto de la guardia civil de Monóvar en el atestado, decía:

“El individuo Miguel Villalta Gisbert, bien tristemente conocido en Alicante, pertenecía a la Judicatura, de la cual fue expulsado y al dejar de ser juez de instrucción, se dedicó a la política de entonces, en la cual encontró ancho campo para codicias e inmoralidades (…) Durante el dominio rojo y en plena revolución marxista, fue gobernador civil de Madrid… Está acusado de haber influenciado y controlado diversas brigadillas de milicianos de las que se dedicaban en Madrid y en esta capital a practicar detenciones y asesinatos…”.

Estas acusaciones y otras de grueso calibre fueron recogidas en los escritos de acusación del juez militar y del fiscal y pasaron al cuerpo de la sentencia. Una síntesis de los cargos que se presentaron contra él se hallaba ya en el auto de procesamiento de 28 de noviembre de 1941. Estas se basaban en los escritos de cargo elaborados por las instituciones locales (Monóvar) y provinciales (Alicante) y en las declaraciones de numerosos vecinos de su ciudad natal, la mayor parte de los cuales eran parientes próximos de los que habían sido asesinados entre septiembre y noviembre de 1936, meses durante los cuales Miguel Villalta había residido en Madrid. En las acusaciones no aparece ninguna fecha, ningún lugar concreto, ningún dato mediante el cual pudiera demostrarse su presencia o intervención en los actos que se le imputaban. Un solo testigo de cargo data el comienzo de las frecuentes visitas a Monóvar en junio de 1937, después de su dimisión como gobernador civil de Madrid, lo que exoneraba a Miguel Villalta de su intervención en los asesinatos cometidos en el pueblo. Alguno de los vecinos llegó a declarar que la tendencia de Miguel Villalta a la maldad se remontaba a la infancia. Decía:

“…Conoce desde la niñez a Miguel Villalta Gisbert y desde que empezó a tener uso de razón ya se distinguió por su odio y rencor para todo lo que fuese orden y justicia. Sabe que estudió la carrera de Derecho en Madrid y allí empezó a relacionarse con elementos de izquierdas y asistía a las famosas tertulias del Ateneo donde se incubó su espíritu abiertamente marxista…”.

Miguel Villalta desde la cárcel llevó a cabo un trabajo sistemático y minucioso para preparar su defensa y, sobre todo, limpiar su imagen o, por utilizar sus propias palabras, mostrar “la limpidez de su conciencia”, para lo que contó con la ayuda solícita de su madre, D.ª María Gisbert, su cuñada, D.ª Elisa Sánchez Luz, su tía carnal, D.ª María Gisbert, el abogado oriolano D. Tomás López Galindo y otros colegas y amigos. A través de los pliegos de descargo y de los múltiples testimonios favorables que obtiene Miguel Villalta y que presenta ante el juez militar de instrucción, desmiente cada una de las acusaciones que se le imputan; y en estas pruebas basaba la confianza que transmitía a su hermano en la carta citada. Miguel Villalta tenía un interés especial y concedía una gran relevancia a la declaración del diplomático rumano, Henri Helfant, para defenderse de las imputaciones derivadas de su actuación como gobernador civil de Madrid. Henri Helfant era el encargado de negocios de la Legación de Rumanía y secretario del Cuerpo Diplomático en marzo de 1937 y a instancias suyas el gobernador civil de Madrid intervino para impedir el asalto de las embajadas y legaciones extranjeras por los milicianos e introducir víveres para las personas de derechas que se habían refugiado en ellas. La declaración de Helfant, destinado entonces en Santiago de Chile, no llegó a tiempo, se recibió en Madrid el 3 de diciembre de 1942, fue remitida a Monóvar el día 19 y la recibió D.ª Camila Gisbert el día 20. Miguel Villalta fue sometido a consejo de guerra el 30 de noviembre y fusilado el 18 de diciembre. La inexplicable retención de la carta en Madrid desde el 3 al 19 de diciembre induce a pensar en una intervención sobre la distribución del correo por razones ajenas al servicio postal. A pesar de ello, el testimonio de Helfant fue suplido por el del secretario del gobierno civil de Madrid durante el mandato de Miguel Villalta, D. Antonio Fernández Ors, que en 1941-1942, una vez superado el proceso de depuración como funcionario, ocupaba un alto puesto en el Ministerio de la Gobernación. En la misma dirección incidía el informe emitido por FET y de las JONS de Madrid el 15 de enero de 1942, distanciándose y desmintiendo en parte los emitidos por las instituciones de Monóvar y de Alicante, en el que se valoraba positivamente tanto su gestión política como su actitud personal. Puede leerse en dicho informe:

“…Dentro de su ideología izquierdista se le conceptúa como el mejor Gobernador Civil que tuvo Madrid durante la época roja, comportándose como persona educada y respetuosa con quienes no participaban de su credo político.

Es rigurosamente cierto que protegió a personas de derechas refugiadas en varias Embajadas y Legaciones y que frecuentemente visitaba a las Representaciones Diplomáticas para tal fin”.

A pesar del número y la calidad de las pruebas presentadas para su defensa el tribunal militar que le juzgó apenas varió la formulación de las acusaciones, tal como se desprende de los “resultandos” de la sentencia: En el 5.º, se asegura que entre los meses de agosto y diciembre de 1936 realizó varios viajes de Madrid a Monóvar “como declaran diversos testigos…”; y a pesar de que esto no se había podido demostrar el tribunal aporta su propia interpretación argumentando: “… ya que dada la rapidez de comunicaciones posibles, cabe su residencia en Madrid, a la par que sus desplazamientos a Monóvar, e incluso Elche, en los que con sus propagandas furiosas, excitaba a la comisión de toda clase de delitos…”; y en el 7.º, se mezcla una circunstancia agravante: haber pertenecido a “la Logia Masónica Mare Nostrum, número 11 de Madrid, con otras atenuantes: “que durante la rebelión marxista realizó favores a personas adictas a la Causa Nacional y especialmente a los refugiados en tres Embajadas de Madrid”. Resultando en el que se halla la constatación más clara de la desconsideración del tribunal hacia las pruebas presentadas por el procesado.

Al final del proceso, ante el tribunal sólo quedaba la palabra de los acusadores, hombres y pilares del nuevo régimen, frente a la del enemigo político y la persona que, dentro del marco establecido por las leyes, se había atrevido a disputarles el poder que ejercían en el ámbito provincial y local. A delimitar el ámbito de las responsabilidades por la ejecución de Miguel Villalta a su medio más próximo contribuyó sobremanera la opinión de Eduardo Martínez Sabater, refugiado en una de las embajadas de Madrid y decano del Colegio de Abogados de Valencia. Este había realizado gestiones en el Ministerio del Ejército para impedir la ejecución y en carta a Dª Camila Gisbert el 21 de enero de 1943 decía:

“…Posteriormente he sabido, que si bien las indicaciones superiores llegaron a tiempo, hubo por otra parte interés decidido de que no se enmendase la sentencia. Sólo puedo decirle, para no amargarle más a Vd., que en el propio pueblo es casi seguro radica la causa de todo ello.”

La permanencia y la angustia de Miguel Villalta en la prisión durante los últimos dieciocho días de su vida son conocidas a través de su correspondencia, en la que se atisban los sucesivos estados de angustia y de esperanza; pero los documentos oficiales del sumario muestran que se iban dando los pasos que conducían inexorablemente a la ejecución, que se consumó a las siete y media de la mañana del 18 de diciembre de 1942 en el campamento militar de Rabassa, al norte de la ciudad.

Glicerio Sánchez Recio Universidad de Alicante

Participan

  • Ministerio de presidencia
  • Universidad de Alicante
  • Comisión Cívica para la recuperación de la memoria histórica.